Guillermina Moreno Velázquez | Archivo Manuel Romero de Terreros del Nacional Monte de Piedad
El capítulo III de los Estatutos del Real y Sacro Monte de Piedad de Ánimas está dedicado a delimitar las funciones e integrantes del grupo consultivo que se encargaría de la dirección superior de la nueva entidad crediticia. Las vocalías que lo conformaban tenían el doble propósito de representar y cuidar tanto los intereses y jurisdicciones de los organismos de gobierno del que formaban parte como los de la nueva fundación, buscando un equilibrio que permitiera su desarrollo. El primero de sus integrantes, encargado de la protección que el rey daría al Monte de Piedad, era el virrey o en su ausencia, el oidor decano o un ministro de la Real Audiencia. Para vigilar los derechos parroquiales estaría un proviso o vicario representante del arzobispo. Para involucrar el cuidado de las necesidades citadinas quedaba el corregidor de ella, además del prior del Consulado, en tanto que el fomento a la devoción y su compatibilidad con el objetivo piadoso del nuevo organismo lo representaría un canónigo o dignidad de la Catedral.
Para reforzar y dar continuidad a los lineamientos con los que se conduciría el Monte de Piedad, se nombró a Miguel Páez de la Cadena como miembro de la Junta Superior, por haber formulado los estatutos.
La información, condiciones y necesidades administrativas y operativas del Monte de Piedad las llevaría el director de esa oficina, quien tendría también voto en las reuniones y estaría reforzado con la presencia de los llamados «ministros» de las áreas de contaduría, tesorería, depositaría y almoneda.
Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla y sus descendientes, tendrían un asiento en la junta superior, al lado de los representantes del virrey y del arzobispo; este lugar se le dio como reconocimiento a la donación que permitió la fundación de la nueva institución piadosa.
La primera reunión de la junta superior fue el 1 de octubre de 1782, siete años después de haber iniciado su servicio; hasta finales del año 1880 hay registro de 135 reuniones.
Existen 5 volúmenes con las actas de los acuerdos y asuntos revisados por los integrantes de la junta superior; antes de su disolución para desvincular la alta administración de la institución con el gobierno federal y formar la actual figura del patronato.
La mayor parte de los acuerdos tomados desde el inicio de la Institución hasta la octava década del siglo XIX son planteamientos relacionados con la plantilla laboral; un 24 % de los acuerdos refieren los vistos buenos para asignar una plaza vacante, permisos, sueldos, jubilaciones o resolver peticiones de los empleados.
Otro 20 % de los asuntos tratados tuvieron el objetivo de establecer o modificar lineamientos operativos, así como presentar, definir o dar seguimiento a los casos en los que los empleados incurrieron en malversación de los fondos.
En un 9 % de las reuniones se presentaron y aprobaron los informes generales que, en varios casos, se usaron para notificar al Gobierno Superior el estado en el que se encontraba la institución. En el mismo porcentaje aparecen las aprobaciones de actas.
La reiteración de asuntos tratados, después de los bloques antes mencionados, va de un 1 al 6 % con acuerdos para definir a miembros de la Junta Superior, oficio de misas, obras, gastos, nuevos servicios y prendas.
Por las implicaciones y alcances, la revisión de las disposiciones, solicitudes o correspondencia gubernamental con asuntos que no podían resolver los integrantes de la junta particular o menor, se planteaban en las reuniones de la superior, en las que cada integrante señalaba su posición o recomendación para que después de votar, se señalara a él o a los responsables de la ejecución de lo ordenado y el tiempo para realizarlo. En general hubo confluencia de pareceres.
Lo anterior también aplicó para analizar cambios y adecuaciones a los estatutos.
Durante la época virreinal, además de los temas recurrentes, hubo asuntos clave que permitieron la subsistencia del Monte de Piedad, como establecer el monto de la limosna que debía darse por recibir un préstamo y así obtener los fondos necesarios que permitieron continuar con el objeto de su creación.
En las 37 reuniones que se llevaron a cabo en el periodo virreinal, el representante de la casa fundadora estuvo presente en 13 de ellas. Los asuntos que votaron fue la asignación de plazas. Solo una de ellas, la número 29, del 3 de noviembre de 1814, motivó la desaprobación de los integrantes de la junta superior a un decreto del virrey, en el que Félix María Calleja designó a José Gutiérrez de Rosas como director interino y a Manuel Barela de Seixas como tesorero; ambos fueron personajes ajenos a la administración del Monte de Piedad, quienes no habían sido propuestos por los integrantes de los dos órganos rectores de la institución; al conocerse lazos familiares que el primero de los mencionados tenía con el contador del Monte de Piedad, dicha situación le impedía ejercer la función de director.
La última junta superior que se realizó antes del México independiente fue el 19 de junio de 1815.
Con el decreto del 6 de junio de 1836, además de mandar que se efectuara la reunión de la junta superior, se señaló a sus integrantes y el número de juntas que debía efectuarse. En las primeras que se realizaron se habló sobre la legitimidad de la junta particular y aún a mediados del siglo continuaban las discusiones sobre si el protectorado que, en su momento, representó el virrey, ahora debía recaer en el presidente, así como la validez y formalidad de las opiniones que expresó su representante.
Entre la reunión del 9 de junio de 1836 y hasta la del 22 de junio de 1880, hubo 96 juntas. Los temas que motivaron la presencia del representante de la familia Romero de Terreros fueron: la elección del director, modificaciones a los estatutos y los préstamos que pusieran en riesgo los fondos del Monte de Piedad; en el periodo antes señalado acudió a 13 reuniones.
En los primeros estatutos el conde de Regla tuvo la facultad de proponer candidatos para ocupar las plazas vacantes; la propuesta de candidatos también la presentaba la junta particular con los nombres de tres empleados de la institución quienes ascendían paso a paso en rango, conocimiento y responsabilidades. La elección del director fue uno de los motivos de la presencia, en las juntas superiores, del descendiente del primer conde de Regla. Entre octubre y noviembre de 1814 hubo desacuerdo con el virrey porque al intentar colocar en puestos vacantes a los pensionados de la Real Hacienda, con miras a disminuir el gasto de la misma, Félix María Calleja nombró a José María Rosas como director y a Manuel Barela de Seixas como tesorero, sin tomar en cuenta los lineamientos que para el caso estaban en los estatutos. Ante el hecho, la junta superior envió una carta al virrey en el que expusieron las razones por las que no aceptaban los nombramientos: no haber sido propuestos por la junta particular, no haber presentado otros candidatos con la misma calidad de pensionados y, en el caso de José María Rosas, ser familiar del contador. Tras varias cartas se aceptó la propuesta del presbítero Antonio Manuel Couto, quien señaló que su designación cumplía con el objetivo de disminuir gastos a la Real Hacienda y ofrece ceder su salario mientras su puesto tuviera calidad de interino. Para esta elección, el conde de Regla no tuvo una posición dividida con el resto de los vocales, a diferencia de selecciones posteriores en las que la conformación de los integrantes de la junta superior mostraba mayor alineación con el gobierno que con la tradición institucional.
Las siguientes designaciones del director en las que hubo discrepancia de los condes de Regla (ya señalados como excondes) ocurrieron en fechas clave de la historia del México independiente, por lo que permiten observar la influencia del gobierno en turno para colocar a sus allegados.
En 1848 se designó a Manuel Gómez Pedraza; la elección del director debía acelerarse para permitir que el Sacro y Nacional Monte de Piedad reanudara su servicio. Pedro Romero de Terreros no asistió porque estaba en la hacienda de Jala, pero el contador y director sustituto de la institución, Agustín Moreno, manifestó el desacuerdo con la elección por incumplimiento de normas estatutarias. En mayo de 1851 se votó por el ascenso del contador, Antonio María Lazpita; hubo unanimidad en su elección. Siete días después, en la reunión del 23 de mayo se notificó que por instrucción presidencial, el general José Joaquín Herrera asumiría la dirección del establecimiento.
La protesta de los empleados, quienes veían con esa decisión la imposibilidad de cambiar de puesto y salarios, apeló al cumplimiento de la tradición y de los estatutos. Manuel Romero de Terreros fue el portavoz de la inconformidad y señaló que esta no se dio por la persona asignada como director, sino por la forma en que se realizó y el precedente que establecería. Ante la inminencia del nombramiento de Herrera, Manuel Romero de Terreros optó por no asistir a las reuniones, desconocer los acuerdos y manejo que pudiera darse en la institución, y responsabilizó a los vocales y ministros del Monte de Piedad de la gestión del nuevo director.
En este momento, la representación de la familia del fundador en la junta superior la hicieron Pedro y su hermano, Manuel; ambos concordaron en reprobar la alteración de prácticas normativas del Monte de Piedad; no hubo una descalificación del nuevo director y expresidente de la República, por el contrario, Pedro Romero de Terreros escribió a Herrera para enfatizar su posición haciendo patente el buen concepto que tenía de él;[1] José Joaquín Herrera le respondió en términos cordiales. Se siguió citando a Pedro Romero a las reuniones de la junta superior, no obstante las órdenes superiores que mandaban que no se presentara hasta que no reconociera a Herrera como director.
En el periodo de 1853 a 1867 se observó la mayor confrontación de los representantes de la casa fundadora con las decisiones que tomó el gobierno. Antonio María Lazpita dirigió el Monte de Piedad en periodos discontinuos; como empleado antiguo conocía la institución, contaba con la aprobación de la familia Romero de Terreros y con los requisitos necesarios de postulación y ascenso en el escalafón de puestos. Con su primera designación en julio de 1853, Pedro Romero de Terreros volvió a las reuniones de la junta superior hasta la nueva protesta que hizo en 1861 por la designación de Francisco Cendejas como director interino. Lazpita fue restituido en 1863 y en 1868 reapareció Cendejas por la nueva destitución que se hizo a Lazpita, el 14 de septiembre de 1867. Fue hasta la elección de Mariano Riva Palacio en 1876, con los estatutos modificados y su presentación por la junta particular, que el tercer vocal de la junta superior, Ramón Romero de Terreros, volvió a la reunión y votó a favor. En los 14 años de diferencias entre las decisiones del gobierno y los representantes de la casa del fundador, no solo discreparon por la elección del director con la consiguiente presencia o ausencia del vocal de la familia Romero de Terreros; otro tema que motivó su asistencia fue un préstamo extraordinario por 25 mil pesos que en agosto de 1860 solicitó el gobierno de Miguel Miramón a través de Gabriel Sagaseta, ministro de Hacienda, quien dejó como garantía la plata labrada y alhajas que el presidente pidió prestados a iglesias y conventos.
Ramón Romero de Terreros señaló que el Monte de Piedad no tenía los recursos propios necesarios para hacer el préstamo y que su realización implicaría un alto riesgo para la institución, debido a la posible salida abrupta de fondos que ingresaban por la caja de ahorro y los depósitos confidenciales de los que se nutría la labor prendaria.
Este asunto, que se trató en la reunión del 21 de agosto de 1860, fue la junta previa a la del 22 de junio de 1861, en la que nuevamente se rechazó del nombramiento de Francisco Cendejas como director, posición que propició el desconocimiento del señor Romero de Terreros como integrante de la junta superior y con las decisiones que llegaran a tomarse
La siguiente aparición de Ramón Romero de Terreros fue hasta 1866, con la intención de modificar los estatutos del Monte de Piedad y así tener las bases normativas para instalar las sucursales que por orden de Maximiliano I de México, debían crearse.
A partir del posicionamiento de los representantes de la casa fundadora puede concluirse que las decisiones que tomaron en la mayor parte del siglo XIX no obedecieron a la posición o adhesión política que pudieran tener, sino al apego y seguimiento de normas de gobierno del Monte de Piedad, para mantener y asegurar el objetivo de ayuda al grupo social que lo requiriera.
Fuentes
Archivo Manuel Romero de Terreros del Nacional Monte de Piedad
MX-AHMRT-FR-DIR-GI-SRIA-JG 01, 02 y 03
MX-AHMRT-FR-DIR-GI C06 y 07
[1] MX-AHMRT-FR-DIR-GI C 06 E 12_7 fs 26, 26v, 30, 30v
El catálogo Biombos y castas. Pintura profana en la Nueva España, editado por Fomento Cultural Banamex, recibe el Premio Antonio García Cubas/>